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"FRAUDE" Y "DELINCUENTES", LOS DUROS CALIFICATIVOS
La Lista 2 Celeste y Blanca del Partido Justicialista presentó un recurso de apelación contra la Resolución N.º 08/2026 de la Junta Electoral partidaria, que dejó sin efecto su presentación para competir en las elecciones internas del próximo 30 de agosto.
Durante una conferencia de prensa, sus referentes cuestionaron la legalidad de la medida, denunciaron una supuesta vulneración del debido proceso y reclamaron que la Justicia Electoral revierta la decisión. El recurso, interpuesto ante el juez electoral Guillermo Hansen, solicita la nulidad de la resolución, la suspensión inmediata de sus efectos y la habilitación de días y horas hasta tanto se resuelva la impugnación.
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Entre los argumentos planteados, sostiene que existió una "flagrante violación al derecho de defensa, al debido proceso legal y a la igualdad ante la ley". La conferencia reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos de la provincia, entre ellos La Quiaca, Palma Sola, Santa Clara y Volcán, en respaldo a la lista encabezada por Rubén Rivarola.
Durante su intervención, R. R. cuestionó con dureza el accionar de la intervención nacional del PJ y de la Junta Electoral, a quienes responsabilizó por impedir la participación de la Lista 2. "Estamos cansados de que vengan desde Buenos Aires a decidir qué lista participa y cuál no", afirmó. El dirigente sostuvo que nunca se tuvo acceso a las observaciones que motivaron el rechazo de la lista y aseguró que la documentación presentada cumplía con los requisitos exigidos. "Estoy acostumbrado a ganar y a perder, pero nunca a que me hagan fraude... Son delincuentes hacia el Partido Justicialista", expresó durante la conferencia.
El abogado Facundo Caballero sostuvo que la apelación fue presentada dentro del plazo legal de 24 horas previsto por la Ley de Partidos Políticos y que, además de presentarla ante la Junta Electoral, también se notificó al juez Hansen para garantizar su tratamiento. Consideró que la resolución que tuvo por "no presentada" a la lista constituye un "disparate jurídico", ya que, a su entender, la Junta Electoral actuó fuera de las facultades previstas en el cronograma electoral.
Explicó que la etapa correspondiente debía limitarse a la exhibición de listas y a la posibilidad de subsanar observaciones antes de la oficialización de candidaturas, prevista para el próximo fin de semana. "Los errores que pudo haber tenido la presentación eran meramente formales y totalmente subsanables. De ninguna manera justificaban dejar sin efecto toda la lista", afirmó. El recurso desarrolla en detalle las irregularidades del procedimiento y aseguró que la decisión adoptada por la Junta Electoral "no fue jurídica sino política", al considerar que existió una intención de impedir la competencia electoral dentro del partido.
